Es un instrumento básico en la gestión de la protección social, ya que el tratamiento automatizado de los datos correspondientes permite, de una parte, una gestión más ágil y eficaz en beneficio de los perceptores y solicitantes de las prestaciones sociales, al tiempo que posibilita un control permanente respecto al mantenimiento del derecho a las prestaciones y facilita las medidas de lucha contra la utilización indebida de la protección y el fraude.