Como su propio nombre indica es el mínimo que se puede cobrar o, dicho de otra manera, “no se puede cobrar menos”. El Gobierno deberá regularlo anualmente, previa consulta con las Organizaciones Sindicales y asociaciones empresariales más representativas, teniendo en cuenta el incremento de los precios, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.