Aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y enmendada en 1986 por la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (la IRCA), la Ley de Inmigración y Nacionalidad (la INA) requiere que todo patrón llene el formulario I-9 con objetivo de verificar el permiso para trabajar y la identidad de todos sus empleados, ciudadanos y no ciudadanos, contratados a partir del 6 de noviembre de 1986.

Como la INA impone multas a los empleadores que contrataran a personas indocumentadas, algunos patronos han discriminado contra personas con apariencia extranjera. Temiendo las multas de Inmigración, algunos patronos han despedido o le han negado trabajo a inmigrantes sin ciudadanía o residencia permanente.

Para proteger a los trabajadores, la Ley INA también prohíbe la discriminación laboral basada en la ciudadanía o en el origen nacional. Según estos reglamentos, todo patrón debería tratar de igual manera a todo solicitante que tenga permiso para trabajar y las calificaciones necesarias. Patronos que discriminen podrían verse obligados a pagar multas y salarios atrasados, así como contratar o reintegrar a los trabajadores discriminados.